La división de Facebook, Google y Amazon.

Ricardo Porto

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Photo by Glen Carrie on Unsplash

“Hay que dividir Facebook, Google y Amazon”. Esta disruptiva propuesta no fue dicha en un seminario bolivariano. Forma parte del programa de gobierno de quien fuera precandidata a presidente de los EEUU, Elizabeth Warren, actual senadora por Massachusetts, ex profesora de derecho en Harvard, Pensilvania y Houston, entre otras universidades. La iniciativa recuerda la famosa determinaciòn del juez Harold Green de 1982, cuando ordenò dividir AT&T en pequeñas empresas telefònicas denominadas Baby Bell, para asegurar la competencia en el àmbito de las telecomunicaciones. En verdad, la propuesta de Warren es màs audaz, ya que no sólo se preocupa por el funcionamiento de los mercados sino, fundamentalmente, por la privacidad, el pluralismo y la libertad de expresiòn.

La enorme influencia de los gigantes de las comunicaciones ha motivado la preocupaciòn de varios especialistas. Rifkin, por caso, se pregunta: “¿Qué pasaría si el conocimiento colectivo de gran parte de la historia humana estuviera controlado por el motor de búsqueda de Google? ¿O si Facebook fuera el único supervisor de una plaza pública virtual que conectara la vida social de millones de personas? ¿O si Twitter fuera el único medio para propagar rumores? ¿O si Amazon acabara siendo el mercado virtual para todas las compras por Internet que se hicieran en el mundo? No existe nada comparable a estos monopolios en la historia del comercio tradicional no virtual”.

En una orientaciòn similar, los Relatores para la Libertad de Expresión de la ONU, OEA, Europa y África, el pasado 10 de julio, publicaron la declaración conjunta denominada: “Desafíos para la Libertad de Expresión en la Próxima Década”. El documento, bàsicamente, propone la creación y mantenimiento de un servicio de Internet libre, abierto e inclusivo, recomendando a los Estados reconocer el derecho al acceso y el uso de Internet como un derecho humano. Uno de las afirmaciones màs importantes de la declaración es aquella que advierte que las amenazas a la libertad de expresión y al acceso a la información pueden provenir tanto de regulaciones públicas restrictivas, como también por el abuso de poder de parte de los gigantes de la comunicación. Por ello aconseja establecer reglas para remediar la concentración indebida de la propiedad y las prácticas que representen un abuso de la posición dominante de las empresas que proporcionan servicios de comunicación digital.

En lìnea con estas ideas, el grupo de expertos de Observacom, junto a otras organizaciones y especialistas en comunicaciones, difundieron un trabajo titulado “Aportes para una regulación democrática de las grandes plataformas que garanticen la libertad de expresión en Internet”. En una reunión previa a la presentación del documento, uno de sus redactores resumió la propuesta: “Entre Silicom Valley y Pekín”, advirtiendo que había que temer tanto a la regulación pública autoritaria como a la regulación privada discrecional. Ni Ministerios de la Verdad, ni regulación privada de contenidos. Por entonces se hacía referencia al concepto de smart regulation, una propuesta de regulación democrática, adecuada e inteligente que sea capaz de asegurar la libertad de expresión en Internet.

El tema es complejo. Se ha dicho que, si bien es cierto que Google, Amazon, Facebook y Apple (los denominados GAFA) no son países, no caben dudas que son superpotencias. En ese marco, las decisiones que toman estas compañias en materia de libertad de expresión y acceso a la información suelen tienen mayor incidencia que las leyes que dictan los países o las resoluciones emanadas de organismos internacionales tales como la ONU. Por cierto, este tipo regulación privada de Internet genera fundadas preocupaciones para la vigencia de la libertad de expresión y el acceso a la información.

En nuestro paìs la regulaciòn de las plataformas es escasa. Tiempo atràs el Senado aprobò un proyecto de ley sobre responsabilidad de intermediarios de Internet que regulaba la difusiòn de informaciòn a travès de los buscadores. La iniciativa receptaba los criterios de la jurisprudencia argentina, que establecìa que los mismos no debìan verificar los contenidos que difundìan y solo debìan removerlos ante un pedido judicial. La propuesta se frustró en Diputados por la presiòn de los medios gràficos que, en cierto modo, pretendìan instalar la denominada Tasa Google aprobada por la Unión Europea, por la cual las plataformas debìan abonar la utilizaciòn de las notas periodìsticas.

Por su parte, cuando en el Congreso se debatiò la reforma a la Ley de financiamiento de los partidos politicos algunas voces, recordando el cèlebre caso de Cambridge Analytics y Facebook en las elecciones de los Estados Unidos que proclamaron a Donald Trump, pretendieron regular las denominadas fake news. La prudencia evitò acometer esa empresa y los legisladores se limitaron, razonablemente, a exigir al Estado la realizaciòn de campañas de sensibilizaciòn sobre la necesidad de una lectura crìtica de las redes.

En suma, frente al dilema regulación pública o autorregulación privada de las redes, los especialistas plantean diversos escenarios. El primero de ellos muestra que ante un gobierno autoritario queda el refugio de las empresas privadas que defienden la libertad. En el otro extremo, frente al abuso de las multinacionales de la información se puede recurrir al Estado para evitar esos abusos. No obstante ello, el peor escenario posible tiene lugar con la connivencia público/privado. Ello tiene lugar cuando los Estados, a través de una regulación laxa y concesiva, favorecen la concentración empresaria y los monopolios de la información, a cambio de contar con un tratamiento periodístico favorable. Hiela la sangre el solo imaginar cómo sería vivir en un país que permitiera tal situación.

Nota publicada en El Estadista.

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